miércoles, febrero 22, 2006

¿TRABAJADORAS DEL SEXO?

Casi siempre la prostituta es víctima de mafias cuyas redes son difíciles de desmontar. En el primer semestre del 2005 la policía tenía contabilizados 95 grupos y 11.000 plazas hoteleras dedicados al tráfico sexual.

MILAGROSA Carrero (22/02/2006)


El debate sobre la legalización, o no, de la prostitución está sobre la mesa. Al margen de consideraciones moralistas sobre la conveniencia de comerciar con el sexo, aspecto que corresponde exclusivamente a la conciencia de cada uno, la realidad de una actividad, incuantificable por su falta de control, parece obligarnos a elegir entre su regulación normativa como un trabajo más, o su penalización e ilegalización, considerando, consecuentemente, su práctica como delictiva.

Vaya por delante mi ferviente deseo como mujer de desterrar esa palabra que a lo largo de los siglos se ha ido cargando de connotaciones especialmente ofensivas, a la que es tan fácil como frecuente recurrir para herir a cualquier mujer, y que manifiesta su infinito desprecio hacia su destinataria y todo lo que la rodea, como se refleja en expresiones como hijo de puta , al igual que mi postura ante el tráfico de seres humanos, mujeres y niñas, en este caso, así como ante el sufrimiento y degradante humillación a la que diariamente se someten miles de estas personas, atrapadas en las redes de prostitución, circunstancia que considero deplorable. Es esta situación de desprotección en la que se encuentran este abultado número de mujeres que sólo en España se estima entre 45.000 y 300.000, según un estudio del Instituto Europeo para la Prevención del Crimen, lo que ha llevado a los distintos países a plantearse soluciones para un colectivo cuya falta de regulación supone la más absoluta precariedad en el ejercicio de una actividad de servicio sin el amparo de un contrato y sin el control socio-sanitario y fiscal de una ley que lo regule.

En muchas ocasiones la prostituta es víctima de unas mafias cuyas redes no son fáciles de desmontar. Sólo en el primer semestre del 2005 la policía identificó noventa y cinco grupos dedicados al tráfico sexual, habiéndose contabilizado unas once mil plazas hoteleras de prostitución en España, sin contar pisos, otros locales e incluso parques. Demasiado negocio para esperar que la realidad que lo sustenta se corrija espontáneamente.

Recientemente el Gobierno español rechazó, en base a un informe elaborado por el Instituto de la Mujer, la propuesta catalana de reglamentar la prostitución en esta comunidad por considerar que dicha práctica es degradante para la mujer y una forma de violencia machista sobre ella, si bien dentro de este mercado hay que sumar entre las víctimas a algunos hombres, y a no pocos transexuales. Por su parte la gran mayoría de las asociaciones de mujeres comparten este planteamiento, que identifica prostitución con violencia, aunque no faltan las defensoras del derecho a vender libremente el sexo. En lo que todas estamos de acuerdo es en la aberración que supone la explotación de estas mujeres por parte de un tercero, ya sean proxenetas o mafias organizadas.

Pero en medio del desánimo que implica buscarle soluciones a esta lacra social destaca la alentadora referencia de Suecia, que ha disminuido drásticamente el número de prostitutas en apenas cinco años. Concretamente en su capital, Estocolmo, se han reducido en dos tercio el número de profesionales del sexo, y en un 80% el de clientes, con una significativa caída del tráfico de mujeres y niñas, cantidad que en la actualidad oscila entre 200 y 400 traficadas al año, frente a las, entre 15.000 y 17.000 de su vecina Finlandia. La solución no ha sido fácil, ya que penaliza la compra de servicios sexuales, mientras que despenaliza su venta, a la vez que prevé una dotación de fondos para servicios sociales dirigidos a las prostitutas que deseen abandonar la actividad, y para reeducar la clásica mentalidad de aquellos ciudadanos con planteamientos machistas respecto a este tema.

En España el Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la creación de una Comisión sobre la regulación de la prostitución voluntaria . El Gobierno, afín a la postura de su partido que prioriza la lucha contra toda forma de explotación, y el apoyo a las víctimas, está trabajando en un plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual .

Esperemos que en este tema, el pulso político permita llegar a un entendimiento que amplíe el abanico de elección de tantas víctimas, a más opciones que las de ejercer como trabajadoras del sexo o como putas.

*Profesora de Secundaria

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viernes, febrero 10, 2006

EMPLEO PRECARIO Y DESPIDO BARATO

Proporcionar a los trabajadores estabilidad laboral es una asignatura pendiente del sistema de bienestar al que aspiramos, como lo es erradicar los accidentes en el trabajo.

MILAGROSA Carrero (10/02/2006)
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=220435

Vivimos tiempos duros para el mundo laboral. La globalización de los mercados impone a las empresas unas duras condiciones de competitividad que las obliga a minimizar los gastos, a costa, a veces, de las condiciones laborales de los trabajadores, que por otra parte, compiten en un mercado laboral en el que abunda la mano de obra barata, favorecida por las situaciones de extrema carencia, de un desesperado sector de la población, formado mayoritariamente por inmigrantes.

En este estado de cosas, la rotación en el empleo ha ganado terreno, llegando en nuestro país a más de cinco millones los trabajadores que padecen esta situación de inseguridad, según el propio ministro Caldera . Esta inestabilidad hipoteca las vidas de los trabajadores, que careciendo de estabilidad económica aplazan la realización de sus proyectos, aun contando con recursos económicos, y se ven obligados a esperar para cuestiones tan fundamentales como formar una familia --por miedo a no poder mantenerla--, o simplemente, adquirir una vivienda, por la falta de crédito casi siempre.

Pero esta rotación en el empleo, que abarca todo el mercado laboral, incluyendo las administraciones públicas, y que también se manifiesta en el abuso de las subcontratas, en sectores como el de la construcción, no es sólo causa de frustración entre los afectados, sino uno de los factores responsables de la alta siniestralidad laboral padecida en nuestro país, que siendo la mayor de Europa ha causado la muerte de 1.443 trabajadores en el 2004, de ellos 488 en el trayecto al trabajo, y 955 en su jornada laboral. Es un precio que pagamos, y a pesar del cual muchos empresarios evitan los contratos indefinidos, sometidos a un despido costoso en términos económicos y de procedimiento; y prefieren acogerse a la firma de contratos temporales, si es necesario rotatorios, a la hora de cubrir plantillas.

El dilema es tan duro como simple, y el Gobierno se ha manifestado en la mesa de la reforma laboral partidario de sacrificar ciertas condiciones laborales a cambio de avanzar en el terreno de la estabilidad, proponiendo, según declaraciones del secretario general de Empleo, Valeriano Gómez , que un trabajador contratado más de 24 meses en un periodo de 36 se convierta automáticamente en fijo, idea compartida en su fondo por los sindicatos mayoritarios, que sólo discrepan en los plazos: proponen 20 meses trabajados en dos años. El Ejecutivo, al contrario que los sindicatos, es partidario de que estos aspectos, cruciales por otro lado, se perfilen en cada convenio colectivo, postura rechazada de plano por CCOO y UGT. La contraprestación a esta medida supondría el abaratamiento del despido, que con la previsible ampliación, si no generalización, del contrato de fomento de empleo, pasaría de la actual indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado, a una de 33 días por año trabajado.

Otro punto caliente de la discusión es la regulación del contrato de obra o servicio , cuyo uso indebido se pretende limitar, habiendo propuesto el Gobierno la creación de una modalidad de contrato que convertiría en fijos a los trabajadores a partir de los tres años en la empresa, con una indemnización por despido de al menos 20 días por año trabajado --frente a los 8 días de los actuales contratos temporales-- si se rescinde antes. En lo que no se ponen de acuerdo los integrantes de la mesa es en los requisitos para dicha rescisión, verdadera preocupación de los empresarios, más que el coste de las indemnizaciones, que exigen un procedimiento ágil y sencillo que no requiera autorización administrativa, aspecto que, como es de suponer, no es del agrado de los sindicatos, aunque entienden y están dispuestos a aceptar que la extinción de contrato se incluya como causa de despido, a fin de dotar al mercado laboral de una flexibilidad que parece inevitable.

Proporcionar a los trabajadores una cierta estabilidad laboral, es una asignatura pendiente del sistema de bienestar al que aspiramos, como lo es erradicar, o disminuir en lo posible, el número de accidentes laborales, y ambos problemas requieren esta reforma laboral como vía de solución, pero reconozcamos que es muy duro, y más para un gobierno socialista tener que elegir entre el abaratamiento del despido y la precariedad laboral.

*Profesora de Secundaria



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miércoles, febrero 08, 2006

ENTRE LA PRECARIEDAD LABORAL Y EL ABARATAMIENTO DEL DESPIDO
Vivimos tiempos duros para el mundo laboral. La globalización de los mercados, impone a las empresas unas duras condiciones de competitividad que las obliga a minimizar los gastos, a costa, a veces, de las condiciones laborales de los trabajadores, que por otra parte, compiten en un mercado laboral, en el que abunda la mano de obra barata, favorecida por las situaciones de extrema carencia, de un desesperado sector de la población, formado mayoritariamente por inmigrantes.
En este estado de cosas, la rotación en el empleo ha ganado terreno, llegando, en nuestro país, a más de cinco millones el número de trabajadores que padecen esta situación de inseguridad, según el propio ministro Caldera. Esta inestabilidad, hipoteca las vidas de los trabajadores, que careciendo de estabilidad económica, aplazan la realización de sus proyectos, aun contando con recursos económicos, y se ven obligados a esperar para cuestiones tan fundamentales, como formar una familia -por miedo a no poder mantenerla-, o simplemente, adquirir una vivienda , por la falta de crédito, casi siempre.
Pero esta rotación en el empleo, que abarca todo el mercado laboral, incluyendo las administraciones públicas, y que también se manifiesta en el abuso de las subcontratas, en varios sectores, como el de la construcción, no es sólo causa de frustración entre los afectados, sino uno de los factores responsables de la alta siniestralidad laboral, padecida en nuestro país, que siendo la mayor de Europa, ha causado la muerte de 1.443 trabajadores en el 2.004, de ellos 488 en el trayecto al trabajo, y 955 en su jornada laboral. Es un precio que pagamos, y a pesar del cual, muchos empresarios, evitan los contratos indefinidos, sometidos a un despido costoso en términos económicos y de procedimiento; y prefieren acogerse a la firma de contratos temporales, si es necesario rotatorios, a la hora de cubrir plantillas.
El dilema es tan duro como simple, y el gobierno, se ha manifestado, en la mesa de la reforma laboral, partidario de sacrificar ciertas condiciones laborales, a cambio de avanzar en el terreno de la estabilidad, proponiendo, según declaraciones realizadas por El Secretario General de Empleo, Valeriano Gómez, que un trabajador contratado más de 24 meses, en un periodo de 36, se convierta automáticamente en fijo, idea compartida en su fondo por los sindicatos mayoritarios, que sólo discrepan en los plazos, que proponen de 20 meses trabajados en dos años, si bien el ejecutivo, al contrario que los sindicatos, es partidario de que estos aspectos, cruciales por otro lado, se perfilen en cada convenio colectivo, postura rechazada de plano por CCOO y UGT. La contraprestación a esta medida, supondría el abaratamiento del despido, que con la previsible ampliación, si no generalización, del contrato de fomento de empleo, pasaría de la actual indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado, a una de 33 días. Otro punto caliente de la discusión es la regulación del contrato de obra o servicio, cuyo uso indebido se pretende limitar, habiendo propuesto el Gobierno la creación de una modalidad de contrato, que convertiría en fijos a los trabajadores, a partir de los tres años en la empresa, con una indemnización por despido, de al menos 20 días por año trabajado -frente a los 8 días de los actuales contratos temporales- si se rescinde antes. En lo que no se ponen de acuerdo los integrantes de la mesa, es en los requisitos para dicha rescisión, verdadera preocupación de los empresarios, más que el coste de las indemnizaciones, que exigen un procedimiento ágil y sencillo, que no requiera autorización administrativa, aspecto que, como es de suponer, no es del agrado de los sindicatos, aunque entienden y están dispuestos a aceptar que la extinción de contrato, se incluya como causa de despido, a fin de dotar al mercado laboral de una flexibilidad que parece inevitable.
Proporcionar a los trabajadores una cierta estabilidad laboral, es una asignatura pendiente del sistema de bienestar al que aspiramos, como lo es erradicar, o disminuir en lo posible, el número de accidentes laborales, y ambos problemas, requieren esta reforma laboral, como vía de solución, pero reconozcamos que es muy duro, y más para un gobierno socialista, tener que elegir entre el abaratamiento del despido, y la precariedad laboral.
Milagrosa Carrero Sánchez